El gobierno de Gustavo Petro ha impulsado una serie de movilizaciones sociales bajo consignas como la defensa de la «justicia social» y la «reforma laboral». Sin embargo, un análisis detallado revela que estas marchas, más que representar al grueso de los trabajadores colombianos, benefician principalmente a los sindicatos y a una minoría laboral con empleos en empresas del Estado, mientras que los jóvenes son uno de los grupos más perjudicados por estas políticas.
1. Los sindicatos: Los grandes ganadores
Los sindicatos, especialmente aquellos con influencia en sectores públicos como la educación (FECODE) y la salud, han sido los principales promotores de las marchas convocadas por Petro. Estas organizaciones tienen una estructura de poder consolidada y una alta capacidad de movilización, pero representan apenas una fracción del mercado laboral colombiano. Según el DANE, menos del 5% de los trabajadores en Colombia están sindicalizados, y la mayoría de ellos pertenecen al sector público.
Las demandas de estas marchas suelen incluir aumentos salariales, estabilidad laboral reforzada y mayores beneficios para empleados estatales, mientras que el 70% de los trabajadores colombianos, que laboran en la informalidad o en pequeñas empresas privadas, no se ven representados en estas exigencias.
2. Empleados públicos: Una minoría privilegiada
Otro grupo beneficiado por estas movilizaciones son los trabajadores de empresas estatales (como Ecopetrol, ETB o empresas públicas territoriales), quienes ya cuentan con condiciones laborales muy superiores al promedio nacional:
Salarios más altos: Un empleado público gana, en promedio, 30% más que uno del sector privado en cargos equivalentes (según el Banco de la República).
Estabilidad casi absoluta: Mientras que en el sector privado los despidos son frecuentes por razones económicas, en el Estado la rotación es mínima, incluso en casos de bajo rendimiento.
Pensiones garantizadas: Los empleados públicos acceden a regímenes pensionales privilegiados, a diferencia de los informales o independientes, que deben cotizar décadas para obtener una mesada mínima.
Petro, históricamente aliado de estos sectores, ha utilizado las marchas para presionar por reformas que consoliden estos privilegios, como la prohibición de la tercerización (que afectaría más al sector privado) o el aumento del gasto público en nómina, en lugar de impulsar políticas que generen empleo formal masivo.
3. Los jóvenes: Los más perjudicados
Mientras los sindicatos y empleados públicos celebran las convocatorias de Petro, los jóvenes enfrentan un futuro laboral y educativo cada vez más incierto:
Falta de oportunidades laborales
Las reformas impulsadas por el gobierno, como la prohibición de la flexibilización laboral, desincentivan la contratación juvenil. Las empresas, ante mayores costos y rigideces, prefieren no arriesgarse a contratar personal sin experiencia.
El desempleo juvenil ronda el 20%, casi el doble del promedio nacional, y las marchas no proponen soluciones reales para generar empleo formal en sectores dinámicos.
Educación gratuita, pero sin apoyo real
Aunque el gobierno promueve la «educación gratuita», esto no resuelve los problemas de fondo: muchos jóvenes no pueden estudiar porque no tienen recursos para transporte, materiales académicos, alimentación o vivienda cerca de las universidades.
Las universidades públicas ya enfrentan recortes y crisis presupuestales, lo que reduce la calidad de la educación y limita cupos. Mientras, el gobierno gasta millones en marchas y subsidios a grupos organizados, en lugar de invertir en infraestructura educativa y becas de manutención.
Informalidad y falta de futuro
Los jóvenes que logran graduarse terminan atrapados en la informalidad (más del 50% de los jóvenes empleados no tienen contrato estable), mientras las marchas de Petro solo defienden a quienes ya tienen empleos fijos en el Estado.
Sin acceso a créditos, vivienda o primer empleo digno, muchos jóvenes se ven obligados a migrar o aceptar trabajos precarios, mientras el discurso oficial se enfoca en proteger a una minoría sindicalizada.
Conclusión
Las marchas promovidas por Petro responden a una agenda política y sectorial, no a una necesidad generalizada de la clase trabajadora. Mientras una minoría sindicalizada y con empleos estatales fortalece sus privilegios, la mayoría de los colombianos —especialmente los jóvenes— quedan excluidos. Si el gobierno realmente quisiera equidad, debería:
Promover empleo juvenil con incentivos reales al sector privado, no con más rigideces laborales.
Invertir en educación de calidad, no solo en gratuidad simbólica sin apoyo económico para los estudiantes.
Redirigir recursos de la politización sindical hacia políticas que beneficien a los informales y a quienes buscan su primer empleo.
